La Corte Constitucional le dio dos años de plazo al Congreso de la República a fin que reglamente el nivel de información que se debe incluir en las etiquetas de los alimentos cuando se trata de transgénicos.
Si en dos años no se reglamenta la información que los comercializadores deben ofrecer, se entenderá que el Estatuto del Consumidor es inconstitucional.
El pronunciamiento se dio a la hora de estudiar una demanda que presentó Laura Castilla Plazas en contra del artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, argumentando que el Legislador omitió incluir dentro de la información mínima exigida a los productores y proveedores de alimentos del deber de informar si el producto o sus componentes fueron modificados genéticamente. En principio, la Sala estudiaba una ponencia que daba la orden directa al Invima para que esta información se incluyera en las etiquetas de los productos pero, no obstante, la mayoría de la Sala estimó que esto tenía que se reglado por el Congreso. En este caso, la Procuraduría estimaba que en efecto había existido un vacío legislativo al no informar si un elemento contiene o es el resultado de organismos genéticamente modificados pero contrario a lo que dispuso la Corte, estimaba que ese Alto Tribunal podía subsanar en su fallo este déficit.
La Republica, 10 de Septiembre de 2015